Decreto 1807

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PACTO FEDERAL
Decreto 1807/93
Instrúyese al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Banco de la Nación Argentina para que en sus ámbitos apliquen lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.
Bs. As., 27/8/93
VISTO el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales signatarios de fecha 12 de agosto de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que los poderes Públicos de la Nación y de las Provincias han concertado un acuerdo general tendiente a establecer las bases para un crecimiento sostenido de la actividad económica, la productividad y los niveles de ocupación.
Que para la consecución de los altos objetivos invocados resulta útil y conveniente que ciertas medidas adoptadas sean puestas en práctica sin demora.
Que al respecto cabe tener presente lo convenido por las partes en el artículo 4º del mismo, en cuanto a que las Provincias y el Estado Nacional procederán a elevar en un breve plazo a sus legislaturas y al Congreso Nacional los proyectos de ley en virtud de los cuales se apruebe el pacto concertado.
Que durante el plazo que demande la consideración, aprobación y sanción de los referidos instrumentos legales, resulta indispensable poner en marcha diversos mecanismos tendientes a la eficaz y oportuna implementación de lo acordado, por parte de los órganos competentes de las respectivas administraciones de la Nación y las Provincias.
Que en ese orden resulta necesario suspender de inmediato la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal de acuerdo a lo previsto en el artículo 2º, inciso 8) del pacto mencionado en el Visto.
Que el presente constituye un instrumento con que cuenta el PODER EJECUTIVO NACIONAL en su carácter de administrador general del país, para llevar a cabo los objetivos de bien común de la Nación.
Que al respecto éste reconoce como antecedente inmediato el Decreto Nº 1602 de fecha 31 de agosto de 1992.
Que el presente se dicta a tenor de las facultades conferidas por el artículo 86 inciso 1 de la Constitución Nacional.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Instrúyase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y al BANCO DE LA NACION ARGENTINA para efectuar dentro del marco de sus competencias, todas las operaciones necesarias para la aplicación de lo establecido en el PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO, que en copia autenticada forma parte integrante del presente, como Anexo I.
Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Domingo F. Cavallo.
ANEXO I
PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO
En la ciudad de Buenos Aires a los doce días del mes de agosto de 1993, se reúnen el Señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Carlos Saúl Menem y los Señores Gobernadores abajo firmantes con el objetivo de comprometerse en distintas acciones necesarias para promover el empleo, la producción y el crecimiento económico armónico del país y sus regiones, en un todo de acuerdo con el Programa "Argentina en Crecimiento 1993-1995" y con los Programas de Transformación que tienen encaminados las Provincias Argentinas, y declaran:
PRIMERO
Los Señores Gobernadores han acordado la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales. Las políticas acordadas se concretarán por los Poderes Ejecutivos Provinciales, una vez aprobado el presente Acuerdo por las Honorables Legislaturas Provinciales en lo que es materia de su competencia según las Constituciones locales, en los siguientes actos de gobierno:
1) Derogar en sus jurisdicciones el IMPUESTO DE SELLOS.
La derogación deberá incluir de inmediato la eliminación del Impuesto de Sellos a toda operatoria financiera y de seguros institucionalizada destinada a los sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción e ir abarcando gradualmente al resto de las operaciones y sectores de la forma que determine cada provincia, y deberá completarse antes del 30 de junio de 1995.
La presente derogación no alcanza a las tasas retributivas de servicios administrativos efectivamente prestados y que guarden relación con el costo del servicio. Tampoco alcanza a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV de la Ley 23.966, ni a instrumentos que no inciden ni directa ni indirectamente en el costo de los procesos productivos.
2) Derogar de inmediato los Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica, incluso los que recaen sobre la auto generada, y Servicios Sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a uso doméstico. Asimismo se derogarán de inmediato las que graven directa o indirectamente, a través de controles, la circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para servicios del espacio físico, incluido el aéreo.
Asimismo se promoverá la derogación de las Tasas Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos provinciales detallados en los párrafos anteriores, sea a través de la remisión del respectivo proyecto de ley a la Legislatura Provincial o a través de la recomendación a los Municipios que cuenten con competencia para la creación y derogación de tales gravámenes. Igual actitud se seguirá respecto de las Tasas Municipales en general, en los casos que no constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en los que excedan el costo que derive de su prestación.
3) Derogar de inmediato los Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios, y gradualmente todos aquellos que graven la Nómina Salarial, completando la derogación antes del 30 de junio de 1995.
4) Modificar el IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, disponiendo la exención de las actividades que se indican a continuación:
a) Producción primaria,
b) Prestaciones financieras realizadas por las entidades comprendidas en el régimen de la Ley Nº 21.526.
c) Compañías de capitalización y ahorro y de emisión de valores hipotecarios, las Administradoras de Fondos Comunes de Inversión y de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Compañías de Seguros, exclusivamente por los ingresos provenientes de su actividad específica.
d) Compraventa de divisas, exclusivamente por los ingresos originados en esta actividad.
e) Producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector minorista.
f) Prestaciones de servicios de electricidad, agua y gas, excepto para las que se efectúan en domicilios destinados a vivienda o casa de recreo o veraneo.
g) Construcción de inmuebles.
Estas exenciones podrán implementarse parcial y progresivamente de acuerdo a lo que disponga cada Provincia, pero deberán estar completadas antes del 30 de junio de 1995.
La exención no alcanzará a todas las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV, de la Ley Nº 23.966.
Para compensar la posible falta de ingresos, las Provincias eliminarán exenciones, desgravaciones y deducciones existentes a actividades no incluidas en el listado anterior y adecuarán las alícuotas aplicables a todas las actividades no exentas.
5) Modificar, a partir del 1º de enero de 1994, los Impuestos sobre la Propiedad Inmobiliaria a fin de que:
a) Las tasas medias que resulten aplicables, en ningún caso: superen el UNO CON VEINTE CENTESIMOS POR CIENTO —(1,20 %)— para los inmuebles rurales, el UNO CON TREINTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (1,35 %) para los suburbanos y/o subrurales y el UNO CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (1,50 %) para los urbanos, y
b) La base imponible no supere el OCHENTA POR CIENTO (80 %) del valor de mercado de los inmuebles urbanos y suburbanos y/o subrurales o del valor de la tierra libre de mejoras en el caso de los inmuebles rurales.
Recomendar a los Municipios la modificación de las Tasas Viales y de Mantenimiento de Caminos o de otras similares a fin de que no superen el CUARENTA CENTESIMOS POR CIENTO (0,40 %) del OCHENTA POR CIENTO (80 %) del valor de mercado de los inmuebles suburbanos o del valor de la tierra libre de mejoras y se ajusten en todo caso al costo que derive de la prestación efectiva del servicio retribuido.
6) Intensificar al máximo las tareas de fiscalización y control que deben desarrollar sus respectivos Organismos Recaudadores; Implementar coordinadamente, sistemas uniformes en todas las jurisdicciones que, como los regímenes de retención o percepción en la fuente o de pago a cuenta o de anticipo, aseguren un determinado nivel de recaudación y prevea metodología que permita la discriminación obligatoria del actual impuesto sobre los Ingresos Brutos en las facturas o documentos equivalentes, en las ventas entre inscriptos. Las provincias coordinarán su acción con relación a los sistemas multilaterales de administración y solución de conflictos que aseguren la recaudación y control en el caso de contribuyentes que realicen actividades en más de una jurisdicción.
7) Asumir la obligación de que en un plazo no mayor de tres años, a partir de la firma del presente convenio y una vez superado el período de transición y logrado un mayor control de la evasión, la imposición del Impuesto a los Ingresos Brutos, limitada en los términos del punto 4) anterior, sea sustituida por un impuesto general al consumo que tienda a garantizar la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía.
8) Asumir, a partir del 1º trimestre de 1994, la obligación de que las valuaciones y alícuotas a aplicar, con relación a los impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares a nivel Provincial guarden uniformidad entre todas las jurisdicciones. Para las valuaciones se tomará como referencia la que publica la Dirección General Impositiva, a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales no Incorporados al Proceso Económico.
En el caso de las Provincias en que el impuesto sobre las patentes de automotores y/o similares, esté, total o parcialmente, a cargo de los municipios se propondrá a los mismos la adecuación al régimen precedente.
9) Propender a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual se encuentre a cargo de las provincias o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las Provincias.
10) Dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios y las intervenciones en diversos mercados, en particular:
— adhiriendo al Decreto 2284/91 en lo que resulte de aplicación provincial;
— derogando el carácter de orden público de los aranceles correspondientes a honorarios profesionales en todos los sectores;
— liberando al sector comercial (libre instalación de farmacias, derogación del monopolio de mercados mayoristas, horarios comerciales, etc.);
— eliminando todas las restricciones cuantitativas o de otro orden que limitaren el ejercicio de las profesiones universitarias y no universitarios.
— disponiendo la apertura de los mercados del transporte de pasajeros y carga de acuerdo a las orientaciones adoptadas en el nivel federal;
— propiciando las medidas tendientes a disminuir los costos judiciales y del ejercicio profesional. En particular la determinación de honorarios de abogados y peritos, se hará guardando relación con el número de horas trabajadas y no por el monto de la demanda o sentencia.
— adhiriendo a la política federal en materia minera de acuerdo a lo establecido en el decreto 815/92.
— adhiriendo, en las jurisdicciones provinciales que corresponda, a la política federal en materia portuaria de acuerdo a lo establecido en el decreto 817/92.
— adhiriendo a la política federal en materia de medicamentos establecida en el decreto 150/92 y sus modificatorios.
— reconociendo los controles y registros federales y de las demás Provincias en materia de medicamentos y alimentos.
11) Adoptar las modalidades, procedimientos y acciones establecidos por los artículos 1 a 7, 8 a 13, 15 a 19, 21 a 40, 60, 61, 62 y 63 de la Ley Nº 23.696 y por los artículos 1 y 2, 23, 36, 42 a 47, 60 y 61 de la Ley Nº 23.697, los que adecuados al ordenamiento provincial, serán de aplicación directa en las Provincias. Idéntico procedimiento se adoptará, en lo que resulte de aplicación provincial, con los decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 958/92, 142/92, 1494/92, 1813/92 y 2293/92.
12) Las Provincias que suscriben este Acuerdo se adhieren, a los fines de determinar la competencia en materia de accidentes de trabajo, al criterio establecido en el artículo 16 de la Ley Nº 24.028.
SEGUNDO
El Estado Nacional, correspondiendo al aporte que significa para el proceso de crecimiento de la economía nacional y regionales, lo acordado precedentemente por los Señores Gobernadores, conviene en la realización de los siguientes actos de gobierno:
1) Reformular los tributos que percibe la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo sentido y plazos en que se comprometen las Provincias.
En el caso de los Impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares, unificar las valuaciones y alícuotas a aplicar con las de las restantes jurisdicciones. Para las valuaciones se tomará como referencia las que publica la Dirección General Impositiva a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales No Incorporado al Proceso Económico.
2) Eliminar el Impuesto a los Activos afectados a los procesos productivos, en aquellos sectores alcanzados por las derogaciones y exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuesto de Sellos.
3) Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral. Esta disminución se hará acompañando las prioridades sectoriales reflejadas en las decisiones sobre operaciones y sectores alcanzados por las exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuesto a los Ingresos Brutos.
4) Adecuar de inmediato las normas sobre retenciones y pagos a cuenta del IVA para que en ningún caso los contribuyentes paguen una tasa efectiva superior al 18 %.
5) Organizar y poner en marcha el Sistema de Cédulas Hipotecarias Rurales y de Bonos Negociables respaldados por hipotecas urbanas, dando participación en el operativo a los Bancos de Provincia, para viabilizar el financiamiento a mediano y largo plazo para el sector agropecuario y de la construcción.
6) Aceptar la transferencia al Sistema Nacional de Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales —con exclusión de las de Profesionales que prevee el artículo 56 de la Ley Nº 18.038 (t.o. 1980)— en el caso de las Provincias que adhieran al nuevo Régimen Previsional que sancione la Nación, respetando los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados provinciales. Para el caso que con posterioridad a la fecha del presente alguna Provincia modificara su legislación en materia de jubilaciones y pensiones, el mayor costo que pudiera resultar de dichas modificaciones estará a cargo exclusivo de dicha Provincia. Esta trasferencia se instrumentará a través de convenios particulares con cada jurisdicción provincial interesada, los que deberán suscribirse en un plazo de 90 días a partir de la sanción de la Ley Provincial respectiva.
7) Asegurar, a través de los respectivos organismos sectoriales responsables y los Entes Reguladores de servicios públicos privatizados, que las medidas impositivas a adoptarse en los niveles de gobierno nacional, provincial o municipal que puedan implicar directa o indirectamente, reducciones de costos o aumento de los beneficios en las empresas prestadoras de servicios públicos y/o proveedoras de bienes y servicios en mercados no competitivos, resulten una completa transferencia de beneficios a los usuarios y consumidores.
8) Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en el presente Acuerdo, el Gobierno Nacional suspenderá la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de $ 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley Nº 24.130. Esta suspensión regirá transitoriamente en forma automática por sesenta (60) días y en forma permanente a partir del momento en que cada Provincia cumplimente los compromisos de aplicación inmediata asumidos en el presente Acuerdo. La garantía de $ 725 millones se elevará a $ 740 millones a partir del 1º de enero de 1994.
Cuando la recaudación impositiva definida en iguales términos al párrafo anterior exceda un nivel para las provincias de $ 800 millones mensuales, las Provincias asumen el compromiso de utilizar estos excedentes para cancelar deudas consolidadas contraidas previamente al Acuerdo del 12 de agosto de 1992 o para financiar erogaciones de capital y programas de reformas de los Estados Provinciales que sean aprobados por el Gobierno Nacional.
TERCERO
Las Provincias firmantes y el Estado Nacional incluyen en el presente Acuerdo la prórroga hasta el día 30 de junio de 1995 de la vigencia del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el día 12 de agosto de 1992, ratificado por ley Nº 24.130, incluyendo las modificaciones introducidas por el punto 8) del artículo Segundo del presente.
Se incorpora a la Cláusula Primera, inciso b) del Acuerdo arriba mencionado a las Provincias de Corrientes con $ 1.500.000 (Pesos un millón quinientos mil) y del Chaco con $ 500.000 (Pesos quinientos mil), para cubrir desequilibrios fiscales.
CUARTO
Las Provincias y el Estado Nacional procederán a elevar a las legislaturas, dentro de los diez días de suscrito el presente, los proyectos de ley en virtud de los cuales se apruebe este Pacto con la autorización a los respectivos Poderes Ejecutivos a dictar las normas para cumplir con lo convenido en el presente Acuerdo.
El presente Acuerdo producirá efectos solo en favor de las provincias que lo firmen y desde el momento del acto de firma.
Este PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO, queda abierto a la adhesión por parte de los señores Gobernadores de las Provincias que no lo suscriben en el día de la fecha.
Refrendan el presente los Señores Ministros del Interior, Dr. Gustavo Béliz y de Economía y Obras y Servicios Públicos, Dr. Domingo Felipe Cavallo y el Señor Secretario General de la Presidencia, Dr. Eduardo Bauzá.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Texto Actualizado

PACTO FEDERAL

Decreto 1807/93

Instrúyese al Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos y al Banco de la Nación Argentina para que en sus
ámbitos apliquen lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento.

Bs. As., 27/8/93

VISTO el Pacto Federal para el Empleo, la Producción
y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los Estados
Provinciales signatarios de fecha 12 de agosto de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que los poderes Públicos de la Nación y de las
Provincias han concertado un acuerdo general tendiente a establecer las
bases para un crecimiento sostenido de la actividad económica, la
productividad y los niveles de ocupación.

Que para la consecución de los altos objetivos
invocados resulta útil y conveniente que ciertas medidas adoptadas sean
puestas en práctica sin demora.

Que al respecto cabe tener presente lo convenido por
las partes en el artículo 4º del mismo, en cuanto a que las Provincias
y el Estado Nacional procederán a elevar en un breve plazo a sus
legislaturas y al Congreso Nacional los proyectos de ley en virtud de
los cuales se apruebe el pacto concertado.

Que durante el plazo que demande la consideración,
aprobación y sanción de los referidos instrumentos legales, resulta
indispensable poner en marcha diversos mecanismos tendientes a la
eficaz y oportuna implementación de lo acordado, por parte de los
órganos competentes de las respectivas administraciones de la Nación y
las Provincias.

Que en ese orden resulta necesario suspender de
inmediato la retención de los montos excedentes de Coparticipación
Federal de acuerdo a lo previsto en el artículo 2º, inciso 8) del pacto
mencionado en el Visto.

Que el presente constituye un instrumento con que
cuenta el PODER EJECUTIVO NACIONAL en su carácter de administrador
general del país, para llevar a cabo los objetivos de bien común de la
Nación.

Que al respecto éste reconoce como antecedente inmediato el Decreto Nº 1602 de fecha 31 de agosto de 1992.

Que el presente se dicta a tenor de las facultades conferidas por el artículo 86 inciso 1 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Instrúyase al MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y al BANCO DE LA NACION
ARGENTINA para efectuar dentro del marco de sus competencias, todas las
operaciones necesarias para la aplicación de lo establecido en el PACTO
FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO, que en copia
autenticada forma parte integrante del presente, como Anexo I.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Domingo F. Cavallo.

ANEXO I

PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO

En la ciudad de Buenos Aires a los doce días del mes
de agosto de 1993, se reúnen el Señor Presidente de la Nación
Argentina, Dr. Carlos Saúl Menem y los Señores Gobernadores abajo
firmantes con el objetivo de comprometerse en distintas acciones
necesarias para promover el empleo, la producción y el crecimiento
económico armónico del país y sus regiones, en un todo de acuerdo con
el Programa "Argentina en Crecimiento 1993-1995" y con los Programas de
Transformación que tienen encaminados las Provincias Argentinas, y
declaran:

PRIMERO

Los Señores Gobernadores han acordado la adopción de
políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la
finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de
reactivación de las economías regionales. Las políticas acordadas se
concretarán por los Poderes Ejecutivos Provinciales, una vez aprobado
el presente Acuerdo por las Honorables Legislaturas Provinciales en lo
que es materia de su competencia según las Constituciones locales, en
los siguientes actos de gobierno:

1) Derogar en sus jurisdicciones el IMPUESTO DE SELLOS.

La derogación deberá incluir de inmediato la
eliminación del Impuesto de Sellos a toda operatoria financiera y de
seguros institucionalizada destinada a los sectores agropecuario,
industrial, minero y de la construcción e ir abarcando gradualmente al
resto de las operaciones y sectores de la forma que determine cada
provincia, y deberá completarse antes del 30 de junio de 1995.

La presente derogación no alcanza a las tasas
retributivas de servicios administrativos efectivamente prestados y que
guarden relación con el costo del servicio. Tampoco alcanza a las
actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como
los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV
de la Ley 23.966, ni a instrumentos que no inciden ni directa ni
indirectamente en el costo de los procesos productivos.

2) Derogar de inmediato los Impuestos Provinciales
específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía
Eléctrica, incluso los que recaen sobre la auto generada, y Servicios
Sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a uso
doméstico. Asimismo se derogarán de inmediato las que graven directa o
indirectamente, a través de controles, la circulación
interjurisdiccional de bienes o el uso para servicios del espacio
físico, incluido el aéreo.

Asimismo se promoverá la derogación de las Tasas
Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos
provinciales detallados en los párrafos anteriores, sea a través de la
remisión del respectivo proyecto de ley a la Legislatura Provincial o a
través de la recomendación a los Municipios que cuenten con competencia
para la creación y derogación de tales gravámenes. Igual actitud se
seguirá respecto de las Tasas Municipales en general, en los casos que
no constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado, o
en aquellos supuestos en los que excedan el costo que derive de su
prestación.

3) Derogar de inmediato los Impuestos que graven los
Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos
Bancarios, y gradualmente todos aquellos que graven la Nómina Salarial,
completando la derogación antes del 30 de junio de 1995.

4) Modificar el IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, disponiendo la exención de las actividades que se indican a continuación:

a) Producción primaria,

b) Prestaciones financieras realizadas por las entidades comprendidas en el régimen de la Ley Nº 21.526.

c) Compañías de capitalización y ahorro y de emisión
de valores hipotecarios, las Administradoras de Fondos Comunes de
Inversión y de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Compañías de
Seguros, exclusivamente por los ingresos provenientes de su actividad
específica.

d) Compraventa de divisas, exclusivamente por los ingresos originados en esta actividad.

e) Producción de bienes (industria manufacturera),
excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el
mismo tratamiento que el sector minorista.

f) Prestaciones de servicios de electricidad, agua y
gas, excepto para las que se efectúan en domicilios destinados a
vivienda o casa de recreo o veraneo.

g) Construcción de inmuebles.

Estas exenciones podrán implementarse parcial y
progresivamente de acuerdo a lo que disponga cada Provincia, pero
deberán estar completadas antes del 30 de junio de 1995.

La exención no alcanzará a todas las actividades
hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como los
supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV, de
la Ley Nº 23.966.

Para compensar la posible falta de ingresos, las
Provincias eliminarán exenciones, desgravaciones y deducciones
existentes a actividades no incluidas en el listado anterior y
adecuarán las alícuotas aplicables a todas las actividades no exentas.

5) Modificar, a partir del 1º de enero de 1994, los Impuestos sobre la Propiedad Inmobiliaria a fin de que:

a) Las tasas medias que resulten aplicables, en
ningún caso: superen el UNO CON VEINTE CENTESIMOS POR CIENTO —(1,20 %)—
para los inmuebles rurales, el UNO CON TREINTA Y CINCO CENTESIMOS POR
CIENTO (1,35 %) para los suburbanos y/o subrurales y el UNO CON
CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (1,50 %) para los urbanos, y

b) La base imponible no supere el OCHENTA POR CIENTO
(80 %) del valor de mercado de los inmuebles urbanos y suburbanos y/o
subrurales o del valor de la tierra libre de mejoras en el caso de los
inmuebles rurales.

Recomendar a los Municipios la modificación de las
Tasas Viales y de Mantenimiento de Caminos o de otras similares a fin
de que no superen el CUARENTA CENTESIMOS POR CIENTO (0,40 %) del
OCHENTA POR CIENTO (80 %) del valor de mercado de los inmuebles
suburbanos o del valor de la tierra libre de mejoras y se ajusten en
todo caso al costo que derive de la prestación efectiva del servicio
retribuido.

6) Intensificar al máximo las tareas de
fiscalización y control que deben desarrollar sus respectivos
Organismos Recaudadores; Implementar coordinadamente, sistemas
uniformes en todas las jurisdicciones que, como los regímenes de
retención o percepción en la fuente o de pago a cuenta o de anticipo,
aseguren un determinado nivel de recaudación y prevea metodología que
permita la discriminación obligatoria del actual impuesto sobre los
Ingresos Brutos en las facturas o documentos equivalentes, en las
ventas entre inscriptos. Las provincias coordinarán su acción con
relación a los sistemas multilaterales de administración y solución de
conflictos que aseguren la recaudación y control en el caso de
contribuyentes que realicen actividades en más de una jurisdicción.

7) Asumir la obligación de que en un plazo no mayor
de tres años, a partir de la firma del presente convenio y una vez
superado el período de transición y logrado un mayor control de la
evasión, la imposición del Impuesto a los Ingresos Brutos, limitada en
los términos del punto 4) anterior, sea sustituida por un impuesto
general al consumo que tienda a garantizar la neutralidad tributaria y
la competitividad de la economía.

8) Asumir, a partir del 1º trimestre de 1994, la
obligación de que las valuaciones y alícuotas a aplicar, con relación a
los impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares a nivel
Provincial guarden uniformidad entre todas las jurisdicciones. Para las
valuaciones se tomará como referencia la que publica la Dirección
General Impositiva, a los fines del Impuesto sobre los Bienes
Personales no Incorporados al Proceso Económico.

En el caso de las Provincias en que el impuesto
sobre las patentes de automotores y/o similares, esté, total o
parcialmente, a cargo de los municipios se propondrá a los mismos la
adecuación al régimen precedente.

9) Propender a la privatización total o parcial, a
la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras, cuya
gestión actual se encuentre a cargo de las provincias o a la
liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas
productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las
Provincias.

10) Dejar sin efecto las restricciones a la oferta
de bienes y servicios y las intervenciones en diversos mercados, en
particular:

— adhiriendo al Decreto 2284/91 en lo que resulte de aplicación provincial;

— derogando el carácter de orden público de los aranceles correspondientes a honorarios profesionales en todos los sectores;

— liberando al sector comercial (libre instalación
de farmacias, derogación del monopolio de mercados mayoristas, horarios
comerciales, etc.);

— eliminando todas las restricciones cuantitativas o
de otro orden que limitaren el ejercicio de las profesiones
universitarias y no universitarios.

— disponiendo la apertura de los mercados del
transporte de pasajeros y carga de acuerdo a las orientaciones
adoptadas en el nivel federal;

— propiciando las medidas tendientes a disminuir los
costos judiciales y del ejercicio profesional. En particular la
determinación de honorarios de abogados y peritos, se hará guardando
relación con el número de horas trabajadas y no por el monto de la
demanda o sentencia.

— adhiriendo a la política federal en materia minera de acuerdo a lo establecido en el decreto 815/92.

— adhiriendo, en las jurisdicciones provinciales que
corresponda, a la política federal en materia portuaria de acuerdo a lo
establecido en el decreto 817/92.

— adhiriendo a la política federal en materia de medicamentos establecida en el decreto 150/92 y sus modificatorios.

— reconociendo los controles y registros federales y de las demás Provincias en materia de medicamentos y alimentos.

11) Adoptar las modalidades, procedimientos y
acciones establecidos por los artículos 1 a 7, 8 a 13, 15 a 19, 21 a
40, 60, 61, 62 y 63 de la Ley Nº 23.696 y por los artículos 1 y 2, 23,
36, 42 a 47, 60 y 61 de la Ley Nº 23.697, los que adecuados al
ordenamiento provincial, serán de aplicación directa en las Provincias.
Idéntico procedimiento se adoptará, en lo que resulte de aplicación
provincial, con los decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 958/92,
142/92, 1494/92, 1813/92 y 2293/92.

12) Las Provincias que suscriben este Acuerdo se
adhieren, a los fines de determinar la competencia en materia de
accidentes de trabajo, al criterio establecido en el artículo 16 de la
Ley Nº 24.028.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de
aplicación para aquellas Provincias que al 27 de octubre de 1993
deroguen el Impuesto de Sellos a toda operatoria financiera y de
seguros institucionalizada destinada a los sectores agropecuarios,
industrial, minero y de la construcción. En el supuesto que la referida
derogación sea cumplimentada por los estados provinciales con
posterioridad a dicha fecha, al derogación que se dispone en el primer
párrafo de este artículo regirá a partir del día 1º del mes siguiente
al de la fecha del dictado del acto provincial correspondiente. (Párrafo incorporado por art. 2º del Decreto Nº 2078/93 B.O. 15/10/1993. Vigencia: a partir de la entrada en vigencia del Decreto Nº 1802/93.)

SEGUNDO

El Estado Nacional, correspondiendo al aporte que
significa para el proceso de crecimiento de la economía nacional y
regionales, lo acordado precedentemente por los Señores Gobernadores,
conviene en la realización de los siguientes actos de gobierno:

1) Reformular los tributos que percibe la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo sentido y plazos
en que se comprometen las Provincias.

En el caso de los Impuestos sobre las Patentes de
Automotores y/o similares, unificar las valuaciones y alícuotas a
aplicar con las de las restantes jurisdicciones. Para las valuaciones
se tomará como referencia las que publica la Dirección General
Impositiva a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales No
Incorporado al Proceso Económico.

2) Eliminar el Impuesto a los Activos afectados a
los procesos productivos, en aquellos sectores alcanzados por las
derogaciones y exenciones dispuestas por cada provincia en relación al
Impuesto de Sellos.

3) Disminuir la incidencia impositiva y previsional
sobre el costo laboral. Esta disminución se hará acompañando las
prioridades sectoriales reflejadas en las decisiones sobre operaciones
y sectores alcanzados por las exenciones dispuestas por cada provincia
en relación al Impuesto a los Ingresos Brutos.

4) Adecuar de inmediato las normas sobre retenciones
y pagos a cuenta del IVA para que en ningún caso los contribuyentes
paguen una tasa efectiva superior al 18 %.

5) Organizar y poner en marcha el Sistema de Cédulas
Hipotecarias Rurales y de Bonos Negociables respaldados por hipotecas
urbanas, dando participación en el operativo a los Bancos de Provincia,
para viabilizar el financiamiento a mediano y largo plazo para el
sector agropecuario y de la construcción.

6) Aceptar la transferencia al Sistema Nacional de
Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales —con
exclusión de las de Profesionales que prevee el artículo 56 de la Ley
Nº 18.038 (t.o. 1980)— en el caso de las Provincias que adhieran al
nuevo Régimen Previsional que sancione la Nación, respetando los
derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados
provinciales. Para el caso que con posterioridad a la fecha del
presente alguna Provincia modificara su legislación en materia de
jubilaciones y pensiones, el mayor costo que pudiera resultar de dichas
modificaciones estará a cargo exclusivo de dicha Provincia. Esta
trasferencia se instrumentará a través de convenios particulares con
cada jurisdicción provincial interesada, los que deberán suscribirse en
un plazo de 90 días a partir de la sanción de la Ley Provincial
respectiva.

7) Asegurar, a través de los respectivos organismos
sectoriales responsables y los Entes Reguladores de servicios públicos
privatizados, que las medidas impositivas a adoptarse en los niveles de
gobierno nacional, provincial o municipal que puedan implicar directa o
indirectamente, reducciones de costos o aumento de los beneficios en
las empresas prestadoras de servicios públicos y/o proveedoras de
bienes y servicios en mercados no competitivos, resulten una completa
transferencia de beneficios a los usuarios y consumidores.

8) Para financiar la eventual pérdida de recaudación
provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones
dispuestas en el presente Acuerdo, el Gobierno Nacional suspenderá la
retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por
arriba del mínimo de $ 725 millones establecidos como garantía del
"Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales"
suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley Nº 24.130.
Esta suspensión regirá transitoriamente en forma automática por sesenta
(60) días y en forma permanente a partir del momento en que cada
Provincia cumplimente los compromisos de aplicación inmediata asumidos
en el presente Acuerdo. La garantía de $ 725 millones se elevará a $
740 millones a partir del 1º de enero de 1994.

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 24.671
B.O. 01/08/1996 se prorroga, con efecto retroactivo al 1° julio de
1995, la garantía de setecientos cuarenta millones de pesos ($
740.000.000) establecida en el presente apartado. "Las sumas que
resulten de la aplicación de esta garantía serán liquidadas y
transferidas mensualmente dentro de los diez días del mes siguiente".)

(Nota Infoleg: Por art. 1º del Decreto Nº 2078/93
B.O. 15/10/1993 se prorroga por sesenta (60) días adicionales, el plazo
establecido en el presente párrafo, "para que las Provincias
cumplimenten los compromisos de aplicación inmediata asumidos en dicho
Pacto".)

Cuando la recaudación impositiva definida en iguales
términos al párrafo anterior exceda un nivel para las provincias de $
800 millones mensuales, las Provincias asumen el compromiso de utilizar
estos excedentes para cancelar deudas consolidadas contraidas
previamente al Acuerdo del 12 de agosto de 1992 o para financiar
erogaciones de capital y programas de reformas de los Estados
Provinciales que sean aprobados por el Gobierno Nacional.

TERCERO

Las Provincias firmantes y el Estado Nacional
incluyen en el presente Acuerdo la prórroga hasta el día 30 de junio de
1995 de la vigencia del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los
Gobiernos Provinciales" suscripto el día 12 de agosto de 1992,
ratificado por ley Nº 24.130, incluyendo las modificaciones
introducidas por el punto 8) del artículo Segundo del presente.

Se incorpora a la Cláusula Primera, inciso b) del
Acuerdo arriba mencionado a las Provincias de Corrientes con $
1.500.000 (Pesos un millón quinientos mil) y del Chaco con $ 500.000
(Pesos quinientos mil), para cubrir desequilibrios fiscales.

CUARTO

Las Provincias y el Estado Nacional procederán a
elevar a las legislaturas, dentro de los diez días de suscrito el
presente, los proyectos de ley en virtud de los cuales se apruebe este
Pacto con la autorización a los respectivos Poderes Ejecutivos a dictar
las normas para cumplir con lo convenido en el presente Acuerdo.

El presente Acuerdo producirá efectos solo en favor de las provincias que lo firmen y desde el momento del acto de firma.

Este PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y
EL CRECIMIENTO, queda abierto a la adhesión por parte de los señores
Gobernadores de las Provincias que no lo suscriben en el día de la
fecha.

Refrendan el presente los Señores Ministros del
Interior, Dr. Gustavo Béliz y de Economía y Obras y Servicios Públicos,
Dr. Domingo Felipe Cavallo y el Señor Secretario General de la
Presidencia, Dr. Eduardo Bauzá.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 24.699
B.O. 27/09/1996 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1998 el plazo
para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo,
la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993.)

(Nota Infoleg: Por art. 5º de la Ley Nº 24.468
B.O. 23/03/1995 se prorroga "hasta el 1 de abril de 1996 el plazo para
el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento relacionadas exclusivamente a materia
tributaria, y cuyo vencimiento hubiera operado u operase con
anterioridad a dicha fecha, que estuvieren pendientes de
implementación".)

(Nota Infoleg: Por art. 1º del Decreto Nº 14/94
B.O. 25/01/1994 se ratifica el Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los
Estados Provinciales, suscripto el 12 de agosto de 1993 entre el Poder
Ejecutivo Nacional y los señores gobernadores de las provincias de
Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero y Tucumán.)